POSIBILIDAD DE CONTROLAR LAS COMUNICACIONES PRIVADAS DE LOS TRABAJADORES EN UN CENTRO RESIDENCIAL

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EL pasado 5 de septiembre de 2017 por el Pleno (Grand Chambre) el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH) ha dictado sentencia, caso Barbulescu vs Rumanía, por la que enmienda el criterio fijado anteriormente por su Sección 3.ª en su sentencia del 12 de enero de 2016, recaída sobre los mismos hechos, en la que se declaró que no había habido violación del artículo 8 de la Convención, (derecho al respeto a la intimidad personal y familiar, del hogar y de la comunicación privada).

El TEDH, en su nueva sentencia, y en contra de su criterio anterior, considera que en el presente caso no había existido una comunicación previa y suficiente de la empresa informando a los trabajadores del inicio de la vigilancia en sus comunicaciones privadas (todo ello con arreglo al Código de buenas prácticas para la protección de los datos personales del trabajador de la OIT, de 1997, y de la Recomendación CM/Rec 2015 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, sobre el tratamiento de datos personales en el ámbito de la relación laboral). Por el contrario, sigue argumentando el TEDH, en el presente caso tan solo se había informado a los empleados del hecho de que, poco antes, otro empleado había sido despedido por usar Internet, el teléfono y la fotocopiadora con fines personales.

Concretamente, en dicha sentencia se juzga el caso de un trabajador (Sr. Barbulescu) contratado en 2004 por una empresa privada como encargado de las ventas que a petición de su empleador, creó una cuenta de Yahoo Messenger con el fin de responder a las preguntas de los clientes. El 3 de julio de 2007, la empresa distribuyó una información entre sus empleados en la que se decía que una empleada había sido despedida por motivos disciplinarios, después de haber utilizado para fines privados el Internet, el teléfono y la fotocopiadora de la empresa. Posteriormente, el 13 de julio de 2007, se informó al actor de que sus comunicaciones por Yahoo Messenger habían sido supervisadas y que había pruebas de que había utilizado Internet para fines personales. En concreto, se le presentó una transcripción de 45 páginas de sus comunicaciones del 5 al 12 de julio de 2007, consistente en mensajes que había intercambiado con su hermano y su prometida en relación con asuntos personales, algunos de los cuales eran de índole íntima. El 1 de agosto de 2007, el empleador resolvió el contrato de trabajo del actor alegando incumplimiento del reglamento interno de la empresa, que prohibía el uso de sus recursos para fines personales. Resuelve el TEDH, como ya se ha señalado, sentenciando que el control realizado por la empresa vulnera el derecho a la comunicación privada al no haber existido una comunicación previa poniendo en conocimiento del trabajador el control sobre tales comunicaciones.

Tanto de la legislación referida como de la sentencia comentada, son varias las CONCLUSIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE CENTROS RESIDENCIALES:

1) El titular de un centro residencial puede vigilar las comunicaciones privadas de sus trabajadores.

2) Dicha vigilancia exige como requisito fundamental la previa comunicación del inicio de la actividad de vigilancia de la empresa al trabajador.

3) El empleo de bienes materiales de un centro residencial (ordenador, teléfono, fotocopiadora…) constituye un hecho sancionable como falta leve, grave o muy grave (en función de las circunstancias del caso) previsto en el artículo 59 del VI CCME.

A) Faltas leves: 1) El retraso y negligencia en el cumplimiento de sus funciones, así como la indebida utilización de los locales, medios, materiales o documentos de la empresa, salvo que por su manifiesta gravedad, pueda ser considerada como falta grave.

B) Faltas graves: 1) El retraso y negligencia en el cumplimiento de sus funciones, así como la indebida utilización de los locales, medios, materiales o documentos de la empresa, de manifiesta gravedad.

C) Faltas muy graves: 1) El fraude, la deslealtad la trasgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas.

Finalizamos señalando la conveniencia de consultar con este servicio de asesoría jurídica en el caso de que se quiera realizar dicha vigilancia a los efectos de que ésta se realice de forma que reúna todos los requisitos legales y que los resultados obtenidos puedan valer ante una eventual impugnación.

EDUARDO ORTEGA ABOGADOS

DESPACHO ESPECIALIZADO EN LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS MAYORES Y EN EL ASESORAMIENTO DE CENTROS RESIDENCIALES

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