CÓMO ACTUAR EN SUPUESTOS DE INGRESOS INVOLUNTARIOS SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (SALA SEGUNDA) Nº 34/2016 DE 29 DE FEBRERO.

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CÓMO ACTUAR EN SUPUESTOS DE INGRESOS INVOLUNTARIOS SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA. SENTENCIA DEL Tribunal Constitucional (Sala Segunda) Nº 34/2016 de 29 de febrero.

El Tribunal Constitucional determina, al analizar un caso de persona que presenta un cuadro de enfermedad mental degenerativa y lleva ya un tiempo prolongado recluida en un centro, que únicamente es posible la puesta en marcha de un proceso de incapacitación con adaptación de medidas provisionales consistentes en el ingreso cautelar del usuario ya ingresado.

Es de merecer que nuestro alto tribunal haya dictado una sentencia en esta materia, (derecho a la libertad), aportando así claridad sobre una serie de extremos en los que hasta la fecha había disparidad de criterios.

Con carácter previo, recordemos que el ingreso involuntario de un usuario únicamente puede producirse (con independencia de nuestra realidad) de dos formas (según artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, artículo que aún referido a los trastornos psíquicos es de plena aplicación a nuestro sector):

  • Ingreso involuntario no urgente (ingreso con autorización judicial previa): usuario incapaz sobre el que se solicita autorización judicial para su ingreso (bien antes de entrar, bien una vez que, siendo usuario del centro, deviene en presunto incapaz).
  • Ingreso involuntario urgente: pesa en este caso sobre el responsable del centro, en las veinticuatro horas siguientes al ingreso, la obligación de comunicar al juzgado el internamiento. De igual modo pesa sobre el juzgado (aunque lo incumpla) la obligación de ratificarse en las 72hs. siguientes a que tenga conocimiento del mismo.

Pues bien, con relación a dichos ingresos, el Tribunal Constitucional se pronuncia en los siguientes términos, que hemos extraído de la citada sentencia, recomendando tener del todo presente tales afirmaciones:

  1. La práctica consistente en realizar un ingreso involuntario sin previa autorización judicial supone una directa vulneración de un derecho fundamental, cuestión esta a observar por los responsables de centros de personas mayores.
  1. En materia del derecho fundamental a la libertad no cabe «regularizar» un ingreso involuntario sin previa autorización judicial, por lo que no cabe solicitar el ingreso urgente que “subsane” el ingreso ya realizado sin autorización previa.
  1. En tales supuestos únicamente cabe iniciar un procedimiento de declaración de incapacidad solicitando como medida cautelar el ingreso en el Centro (solución mantenida por el Juzgado nº15 de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria y por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Sección Tercera).

Es de destacar igualmente en  pro de los derechos del mayor, el criterio asentado por el Tribunal Constitucional al señalar que cualquier juzgado y audiencia provincial que conozca de tales supuestos de ingreso involuntario no autorizado, en los que exista fundamento en base a los informes médicos que obren, ha de acordar ex officio, la adopción inmediata del internamiento como medida cautelar (sin esperar a que sea solicitada por cualquier otra parte legitimada (Ministerio Fiscal, el propio afectado (lo que no parece posible en nuestra realidad), o los parientes legitimados en primer término por la ley (art. 757 LEC)).

Resta por último recordar desde este Despacho, a modo de recomendación, la necesidad de actuar con la debida “rapidez” en estos supuestos, evitando cualquier “demora” añadida en aquellos supuestos en los que no se haya solicitado autorización previa de ingreso, debiéndose de proceder de forma inmediata a solicitar dicha autorización judicial y medidas cautelares que evite cualquier posible responsabilidad del Centro.

Despacho de Abogados Eduardo Ortega

Despacho especializado en la

Protección Jurídica de las Personas Mayores y en el

Asesoramiento de Centros Residenciales

 

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